Juanma Moreno preside esta firma entre la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, con un acuerdo que contempla una subida del 8% en los dos próximos años.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía), al que pertenece la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC), ha firmado hoy un acuerdo con la Junta de Andalucía para la mejora de la financiación de los centros que atienden a las personas con discapacidad en Andalucía, una demanda largamente reivindicada por el movimiento andaluz de la discapacidad para poner fin a la situación de déficit que arrastran estos centros desde hace años para sostener sus gastos de funcionamiento y garantizar su supervivencia.
El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta del CERMI andaluz, Marta Castillo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en un acto en el Palacio de San Telmo de Sevilla con la presencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El acuerdo establece una subida del 8% en el coste plaza de estos centros para los dos próximos años, con un incremento del 6% en 2022 y un 2% en 2023, que se suma a la ya acordada para este del 2,6%. Además, se impulsará la realización de un estudio detallado sobre la realidad económica y la viabilidad del actual modelo existente en la actualidad para revisar y ajustar su coste en los años venideros con vistas a garantizar su sostenibilidad en el futuro.
La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha calificado de “histórico” el acuerdo suscrito y reconoció el esfuerzo, el diálogo y el compromiso del presidente andaluz y la consejera de Igualdad y todo su equipo por sacarlo adelante en favor del mundo de la discapacidad en Andalucía y añadió que “este es el camino a seguir para conseguir una Andalucía para todos, una Andalucía igualitaria, accesible e inclusiva”.
Marta Castillo abogó por “ir más allá de este acuerdo para que éste sea el punto de arranque para abordar de verdad, a través de un estudio riguroso, el modelo para sostener con garantías a largo plazo esta atención imprescindible para las personas con discapacidad, asignando los recursos justos y necesarios para la prestación con eficacia y calidad de los servicios que requieren estas personas”.
En Andalucía hay cerca de 600 centros de discapacidad que prestan unos servicios fundamentales a más de 12.000 personas con discapacidad y a 30.000 familias en Andalucía. El acuerdo beneficiará también a los 1.400 trabajadores de estos centros, ya que mejorará sus condiciones laborales y la calidad del servicio que prestan.
El acuerdo incluye, además de la subida del coste plaza de los centros, el reconocimiento de una serie de demandas históricas que se venían planteando, entre las que destacan la eliminación del límite de financiación del 80% de estos centros, la reducción del plazo de la incorporación de las personas a los centros de día, la regulación de los días de vacaciones, así como una serie de mejoras legales que permitirán mejorar la gestión de las entidades.
