Todos los grupos políticos, menos Vox, han acordado dejar atrás el concepto de capacidad modificada o limitada en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Así, las personas con discapacidad tendrán su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida e insta a otros Estados a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
De esta manera, España adapta el ordenamiento jurídico español a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, esta iniciativa no busca «un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que quiere modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones». En esta misma línea, desaparecen las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como «poco adaptadas» al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que la ley propone.
Eso sí, las personas con discapacidad que lo deseen podrán optar por tener un «apoyo» que englobará todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.
El paso que se ha dado es un avance hacia la determinación, independencia y trato de equidad hacia las personas con discapacidad en materia judicial, construyendo así una sociedad mas justa e igualitaria para todos y todas.
