El Tribunal Supremo aplica la nueva normativa sobre medidas de apoyo judicial a personas con discapacidad

España ha modificado el tratamiento civil y procesal de la capacidad de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC), mediante el Fondo Social Europeo, a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), en su calidad de organismo intermedio del POISES, ofrece, a las personas con discapacidad asociadas a la entidad, asistencia jurídica para la resolución de cualesquiera asuntos jurídicos relacionados con la Ley 8/2021.

El ordenamiento jurídico español incorpora exigencias internacionales al principio de igualdad de las personas con discapacidad a su marco normativo con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La reforma legislativa presenta las siguientes características: suprime la declaración de incapacidad y la institución de la tutela, modifica la figura de la curatela y se centra en proveer medidas de apoyo al interesado.

De igual modo, las medidas judiciales de apoyo y el nuevo contenido de los artículos 249 y siguientes del Código Civil parten de cuatro premisas fundamentales:

  1. Están supeditadas a la ausencia o insuficiencia de las medidas voluntarias de apoyo que pueda tomar el propio interesado, teniendo éstas preferencia sobre las judiciales;
  2. Serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise;
  3. No requerirán un pronunciamiento previo sobre la capacidad de la persona;
  4. Respetarán siempre la máxima autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias.

En el plano procedimental, se establece que el procedimiento de provisión judicial de apoyos será un expediente de jurisdicción voluntaria. Únicamente en caso de oposición deberá iniciarse un procedimiento especial de carácter contradictorio, que es similar al antiguo procedimiento de incapacitación y que seguirá los trámites del juicio verbal.

Además, la reforma legal ha establecido un régimen transitorio especial, de tal manera que los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estuvieran tramitando a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, deben regirse por lo dispuesto en ella.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia núm. 589/2021, de 8 de septiembre de 2021, mediante la que, precisamente, se analiza la procedencia de la declaración de capacidad, constitución de tutela y adopción de medidas judiciales a la luz de la Ley 8/2021.

La sentencia examina el grado de imperatividad de la obligación legal de respetar la “voluntad” del interesado “atendiendo a sus deseos y preferencias”, precisamente ante el hecho de que es el trastorno que padece el beneficiario de las medidas lo que incide, no solo en sus capacidades cognitivas o volitivas y sus relaciones sociales, sino en su inhabilidad para discernir la necesidad urgente de recibir las medidas asistenciales acordadas.

Asimismo, determina que en estos procedimientos no rige el principio dispositivo, al versar sobre intereses jurídicos que requieren especial protección. Es por ello que la Sala interpreta que la redacción del artículo 268 CC no obliga a seguir en todo caso la voluntad, deseos y preferencias del afectado a la hora de decidir sobre la adopción de medidas, sin perjuicio de que deba tenerse siempre en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad destinataria de los apoyos.

En conclusión, la sentencia resulta pionera y aplica el nuevo régimen introducido por la Ley 8/2021, dando así inicio a su desarrollo jurisprudencial. Acoge de manera clara y práctica, teniendo en cuenta la voluntad del interesado y a pesar de su firme oposición, la adopción de medidas judiciales de apoyo. No obstante, habrá que esperar a la unificación de la doctrina y de la jurisprudencia en relación con esta cuestión controvertida para supuestos análogos, toda vez que la modificación legislativa está inspirada en el principio de igualdad de la persona con discapacidad y en el absoluto respeto a su voluntad.