Tan solo el 15% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios

En el día internacional del trabajo queremos poner de manifiesto cómo es la situación académica y laboral de las personas con discapacidad. El 15% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores, la mitad que la población sin discapacidad (33%). Eso sí, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), eso supone un crecimiento por tres desde 1999.

En España todavía se registren tasas de actividad y de empleo “muy bajas” en este colectivo, según afirman los expertos que estudian la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Concretamente, señalan que en 2016, la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se situaba en el 35,2% (frente al 75,4% en el conjunto de la población), y la tasa de empleo (el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sobre el total de personas con discapacidad en ese rango de edad) en el 25,1% (frente al 60,5% en el conjunto de la población). En cambio, la tasa de paro superaba en casi diez puntos a la de la población general (28,6% frente a 19,8%).

En el año 2018 había 1.899.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 6,3% de la población total en edad laboral. De esta cifra, 654.600 eran activos. Dentro de esta población activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en los activos sin discapacidad.

Todos estos datos se traducen en la necesidad de mejorar y potenciar la educación universitaria y superior entre las personas con discapacidad y su reconocimiento para acceder a puestos laborales justos que correspondan con sueldos y responsabilidades dignas a sus estudios. Desde Fepamic entendemos esta realidad de cerca, por eso, más del 80% de los trabajadores tienen discapacidad y ofrecemos formación en nuestro Centro para mejorar las capacidades de este colectivo. Nosotros trabajamos por, para y con las personas con discapacidad.

Solidaridad, garantía alimentaria y Fepamic

Por primera vez desde que Fepamic desarrolla el programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria en Córdoba coincide con las fiestas navideñas. El programa ha comenzado el 1 de diciembre, por lo que las familias beneficiarias de este programa también recibirán sus menús durante estos días festivos.

En el marco del programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Fepamic elabora y distribuye menús completos (desayuno, comida y cena) a personas con escasos recursos y en riesgo o situación de exclusión social con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Desde el año 2013, Fepamic desarrolla este programa en el que se ha atendido a 853 familias, un total de 2011 personas, en riesgo o situación de exclusión social de la ciudad de Córdoba y las localidades de Lucena, Priego de Córdoba, Fernán Núñez, Rute, Montilla y Palma del Río. Según los datos de las seis ediciones anteriores, se han elaborado 66.155 packs de alimentos. En esta séptima edición se elaborarán unos 10.000 lotes de alimentos durante los próximos seis meses.

Los menús se elaboran en las cocinas de la Residencia Fepamic para personas gravemente afectadas y se transportan en vehículos isotérmicos hasta los domicilios de las familias beneficiarias. Durante estas fiestas se repartirán menús a 74 familias. Las familias reciben en sus domicilios los lotes de alimentos correspondientes a las tres comidas principales del día para los siete días de la semana. La distribución de los menús se realiza dos días semanales en cada una de las 10 zonas establecidas, por lo que hay reparto todos los días.

En cuanto a los menús, están diseñados por un nutricionista para que ofrezcan una dieta variada y equilibrada. Además, las personas que tienen alguna intolerancia alimenticia reciben menús totalmente adaptados para su consumo, al igual que las familias que por motivos religiosos no consumen carne de cerdo.

Para acceder a este programa, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, los profesionales de los centros de servicios sociales territoriales determinan qué personas requieren esta ayuda para garantizar su calidad de vida según sus niveles de renta y otros indicadores de riesgo de exclusión social